Cahiers de Doléances

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EL QUE NO LLORA…

MANIFIESTO FUNDACIONAL

Probablemente sea España uno de los países partícipes de la cultura occidental donde la situación de sus escritores profesionales se manifieste más infravalorada respecto al conjunto de la actividad socioeconómica, más desprotegida ante la industria de edición de contenidos generados por dichos autores y más desamparada por las leyes vigentes y los poderes del Estado.

Esta realidad anómala, de verdadera excepción, se evidencia en algunas significativas circunstancias que a continuación señalamos.

-A pesar de que la economía derivada de la comercialización de contenidos sujetos a derechos de autor es el sexto factor de generación de Producto Interior Bruto en España (en otros países como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos alcanza cotas aún más destacadas), la situación profesional y laboral de los autores suele ser menesterosa, tanto en lo que se refiere a la industria editorial (autores y traductores), como medios de comunicación (prensa escrita y digital, radio, etc), así como en el ámbito cinematográfico, donde los guionistas padecen una inseguridad absoluta en sus condiciones de trabajo, generalmente mal remunerado y en muchas ocasiones sobreexplotado. Parece acuerdo universal, de perversos resultados, el que la industria que gestiona los contenidos aportados por autores de cualquier género o especialidad está legitimada para obtener espectaculares beneficios, con el derecho incluido de multitud de personas pertenecientes a oficios colaterales a mantenerse dignamente gracias a esta actividad (empleados administrativos, comerciales, distribuidores, detallistas, correctores, editores, montadores, diseñadores, impresores, etc, etc…); todos a excepción de quienes, precisamente, suministran dichos contenidos que son sujeto de comercialización: los autores. Esta realidad es injusta y arbitraria, denota un flagrante desprecio hacia la creación cultural y literaria y entraña en sí un mezquino concepto de la actividad cultural: no importa quién sea el autor sino la capacidad de vender y obtener beneficio en el mercado de la mercancía generada, por lo cual no hay ninguna causa objetiva que obligue a compensar debidamente a esos autores por su trabajo, aunque sí se justifica el derecho de los propietarios de los medios de producción industrial a lucrarse exorbitantemente con esta actividad.

Tal contradicción suele camuflarse, ocultarse incluso ante el gran público consumidor de contenidos culturales, mediante la popularización del tópico de que “los artistas son gente adinerada que vive opíparamente gracias a los beneficios de unas cuantas ideas (contenidos) nacidas en un momento de inspiración”. La existencia glamourosa y pudiente de una minoría privilegiada de artistas que gozan del favor del gran público y de la industria no puede ocultar la evidencia, a todas luces inaceptable, de que la inmensa mayoría de los autores y escritores no reciben la equitativa compensación por su trabajo, no pueden mantenerse con el fruto del mismo y se encuentran prácticamente inermes ante el abuso continuo de la industria cultural y del entretenimiento.

-La indefensión de los autores literarios, traductores y escritores en general ante la industria editorial, en especial los grandes grupos de comunicación, es prácticamente absoluta. Aun a pesar de las intervención/mediación de las agencias literarias y las asociaciones gremiales, las liquidaciones de derechos de autor que se realizan (anualmente por lo general), constituyen en la práctica un acto completamente unilateral, mediante el cual el editor comunica al autor la cuantía de ventas y volumen de negocio generado por su obra y, en consecuencia, las regalías devengadas; ante esta decisión, el autor no tiene más opción que “creer” en el editor, realizar “un acto de fe” en su buena voluntad y aceptar como justa dicha liquidación. Por desgracia, son muchos los casos en que dichas liquidaciones no representan sino una mínima parte de los derechos de autor verdaderamente generados; cuando no (todavía más grave), se han producido ediciones o reediciones sin conocimiento del autor y sin que perciba por ellas su legítima retribución. Existen medios suficientes para contabilizar de manera exacta el volumen de negocio generado por una obra, como la Auditoría Nielsen por ejemplo, pero dichos medios siempre están a disposición de editores, distribuidores, etc; el acceso a los mismos es tan costoso que muy pocos autores podrían permitírselo, y prácticamente a ninguno le sería rentable hacerlo. Todo lo cual confirma lo antedicho: la indefensión del autor ante las prácticas contables y comerciales del sector editorial en lo que concierne a la explotación de su obra y la retribución a que tiene derecho.

-La piratería de contenidos escritos, en los tiempos actuales, es escandalosa. Cada día, miles de páginas webs, blogs y diversos “sites” en Internet, folletos, revistas y publicaciones de toda índole, reproducen descaradamente contenidos sujetos a derechos de autor sin que el propietario de los mismos reciba la más mínima compensación. Se citan y copian libros, enteros o por partes, se reproducen artículos de prensa, entrevistas, reportajes, traducciones, guiones, documentación, textos didácticos y ensayísticos… todo ello con una voracidad imparable y sin que ninguna disposición legal haya sido capaz, hasta el presente, de poner coto a semejantes prácticas. Solamente en Internet, más del 80% de los contenidos son escritos, y de esa cantidad, el 20% aproximadamente está sujeta a la legislación sobre derechos de autor y no es compensada en absoluto por quienes la utilizan para lucrarse mediante la explotación de sus portales web. Las entidades gestoras de los derechos de reprografía, en especial CEDRO, realizan una encomiable labor de control sobre estos usos del mercado en cuanto afectan a su área de intervención, pero la práctica diaria evidencia lo insuficiente de tal gestión, bien sea por falta de medios, bien por incapacidad de atribuciones y competencia.

-Muchas instituciones públicas, lejos de apoyar la transparencia y buenas prácticas en el sector, participan galanamente en este “revolutum” en que se ha convertido la cultura española y, en especial, el mercado de contenidos escritos, auspiciando y financiando con dinero público los manejos menos claros de la industria editora, todo ello a través de una nutrida red de premios literarios, ayudas, subvenciones, becas, etc, amañada a conveniencia de los intereses del sector editorial. Que la inmensa mayoría de los certámenes literarios que se convocan en España son fraudulentos, otorgados “a dedo” antes incluso de ser convocados, y constituyen una engañifa para los lectores, es algo que al día de hoy nadie desconoce. Lo que hagan las editoriales y grupos de comunicación con “su dinero”, es algo que no nos compete. Pero que las instituciones públicas, con caudales igualmente públicos, se conviertan en cómplices de esta monumental farsa, podría incluso considerarse como una actividad incursa en posible malversación de caudales públicos, todo a cambio del prestigio buscado por quienes usan de esta clase de “premios” distinciones, etc, para apuntalar su actividad política. Hasta ahora, muy pocos autores han sido capaces de denunciar estos escandalosos abusos (de los que hay ejemplos abundantísimos), por temor a verse incluidos en la “lista negra” de los no afectos al sistema. Desde El que no llora (ENL) proclamamos que es momento de que la transparencia y la honestidad sean distingo irrenunciable de cualquier iniciativa de esta índole en la que participen entidades públicas o corporaciones de derecho público, sean ayuntamientos, diputaciones, organismos autonómicos o estatales, entidades de crédito o cualquier otra sujeta a la legislación que regula la administración de recursos e intereses públicos.

-Los vínculos entre la gestión pública y la creación literaria y de contenidos culturales, cuando priman la afección a una determinada opción política y los intereses de quienes la representan, han creado una red de afinidades que excluye de manera tajante, injusta y a menudo vergonzante a quienes no participan del mismo proyecto. El “enchufismo” a la hora de conceder distinciones, becas, ayudas, subvenciones, participar en eventos tanto en España como internacionales, otorgamiento de cargos de libre designación en la administración cultural, etc, resulta espectacular por lo notable, se autoabastece siempre de los mismos individuos y los mismos medios, siempre a través del mismo procedimiento. Esta práctica es común tanto en la administración central del Estado como en las Comunidades Autónomas, y tanto favorece proyectos particulares de permanencia en el poder (contando con el apoyo de una “intelectualidad” sumisa y funcionarial), como empobrece el panorama de la libre circulación de las ideas y la creación, reduciendo a los escritores a la poco airosa condición de predicadores ideológicos del poder. La independencia intelectual, hoy, en España, es una quimera. Quien determine mantener dicha independencia, será sistemáticamente ignorado, ninguneado y desprestigiado. Esta dictadura invisible del poder político sobre la cultura, determina un panorama especialmente envilecido ante el cual no podemos resignarnos.

-La degradación profesional de los escritores, en su función de suministradores de contenidos para los medios de comunicación (incluidas las editoriales), se ve aún más acentuada en este ámbito por la aparición, de una parte, de sedicentes “escritores” que provienen del mundo mediático, especialmente la TV; y por otra, por la ligereza e irresponsabilidad con que dichos medios echan mano del concurso “amateur”, personas dispuestas a aportar su trabajo sin remuneración y que reciben en compensación, únicamente, la supuesta satisfacción o prestigio personal de haber publicado en tal periódico o cual editorial. A todo ello se une el uso abusivo que los medios de comunicación hacen de becarios, meritorios y, en general, asalariados “basura”, para suplir el aporte de verdaderos profesionales con experiencia, criterio y pericia en sus funciones. De tal forma, no sólo se degrada el ejercicio profesional de la creación literaria sino, igualmente, los contenidos que de inmediato serán consumidos por el público lector. Nos encontramos con un mercado saturado de liviandad, frivolidad, ignorancia, torpeza y desaliño, tanto en la prensa escrita como en libros de narrativa, supuesta “ensayística” y demás géneros literarios, acrecentándose hasta lo indecoroso dicha miseria intelectual en Internet, donde la inmensa mayoría de los contenidos son, o bien pura copia, o bien desastrosas naderías escritas por gentes ignaras y dirigidas a un público que se supone cada día menos crítico y más embrutecido.

Podríamos seguir enumerando los problemas y acuciosas necesidades en las que se ve inmersa en la actualidad la profesión de escritor, pero no abundaríamos en lo esencial. Creemos suficiente lo expuesto para organizarnos como escritores en defensa de nuestros derechos profesionales, constituyendo la ENL y marcándonos los siguientes

Objetivos

1-Reconocimiento y consideración a todos los efectos del escritor como pieza base, fundamental e insustituible en la industria de la cultura y el entretenimiento, y, en consecuencia, efectiva protección jurídica del derecho a una retribución digna que le permita ejercer su trabajo en condiciones de normalidad laboral.

2-Reconocimiento del derecho de los escritores, como parte legitimada, al libre acceso a los medios de control sobre la venta, comercialización y explotación de su obra y toda la información concerniente a la misma que de ellos se deriva.

3-Compensación a los escritores, por parte de las grandes compañías de telefonía, suministradores de servicios web, software y demás herramientas tecnológicas que facilitan los medios necesarios para la práctica de la piratería intelectual, mediante un sistema de reparto equitativo, fiscalizado por los poderes públicos y las corporaciones de derecho público autorizadas para realizar esta gestión.

4-Transparencia absoluta en la gestión cultural de las instituciones. Es necesaria y urgente una Ley de Gestión de Contenidos e Iniciativas Culturales que obligue a las entidades públicas a desarrollar su actividad en este sector con la misma escrupulosidad y respeto a la legalidad que se le exige para cualquier otro ámbito de intervención pública.

5-Erradicación del amateurismo y el trabajo esclavo, sin remunerar, en todos los medios de comunicación con ánimo de lucro. De igual modo que la legislación laboral prohíbe el trabajo gratuito y sin cobertura legal en cualquier actividad económica, debe exigirse a los titulares de medios comerciales (sean públicos o privados), la debida remuneración de todas las aportaciones intelectuales a dichos medios. Únicamente admitiríamos como excepción las publicaciones académicas, en cualquier ámbito de la enseñanza, así como las financiadas por los ministerios de Cultura y Educación y las respectivas consejerías autonómicas, mediante previo acuerdo de las partes intervinientes en el proceso de edición.

Las medidas a reivindicar a corto plazo, como medio de aproximarnos a los objetivos antes marcados, se exponen en el presente Manifiesto Fundacional a través de las siguientes

Propuestas

-Elaboración de una nueva Ley de la Propiedad Intelectual que reconozca la importancia decisiva del autor en el proceso de generación de contenidos explotados por la industria cultural, fije unos mínimos irrenunciables para cada actividad y penalice severamente la piratería.

-Creación de una Agencia Estatal para la Ayuda al Desarrollo de la Creación y de Apoyo a la Industria y Comercio Cultural. Dicha estructura debería coordinar al Gobierno Central con las Comunidades Autónomas y la iniciativa empresarial, auspiciando consorcios en el ámbito de la gestión privada bajo la fórmula de capital-riesgo y desarrollando programas integrales de apoyo a los diferentes sectores. Asimismo, dicha Agencia, en conexión estable con las Bases de Datos del Ministerio de Cultura ya establecidas (como el ISBN), deberá servir de referencia para el control del volumen de negocio generado por cada inversión cultural, informando en cada momento a las partes interesadas, y en especial a los autores, sobre el estado de las mismas. Como tercer área capital de intervención, la Agencia Estatal para Ayuda al Desarrollo de la Creación ejercería funciones de arbitrio, conciliación y mediación entre los autores y los titulares de los medios que explotan los contenidos generados por aquellos.

-Estudio previo, con audiencia a los sectores interesados, y elaboración de una Ley de Gestión de Contenidos e Iniciativas Culturales conforme a lo señalado en el apartado 5 de “Objetivos” de este Manifiesto.

-Derogación del actual Canon Digital y sustitución por otro sistema que, sin penalizar universalmente a los usuarios con una tasa injusta por productos que no consumen, garantice a los creadores y gestores de la propiedad intelectual la debida retribución por los productos y servicios consumidos a través de las nuevas tecnologías de comunicación y reproducción; sistema de retribución que, necesariamente, ha de contemplar el canon exigible a quienes en verdad se lucran cuantiosamente por medio de la comercialización de herramientas telemáticas que posibilitan la piratería, es decir: los proveedores de servicios de telefonía para su uso en conexión a redes, los fabricantes de sistemas operativos compatibles con las funciones de descarga y copia, así como del software necesario para estas prácticas y cuantas personas físicas o jurídicas comercialicen material informático preciso a las mismas. La gestión y administración de ese nuevo sistema de pago deberá ser competencia, en cualquier caso, del correspondiente organismo público y, en su defecto, la entidad privada sujeta a derecho público que así se estime.

-Ampliación de la competencia de gestión del Centro Español de Derechos Reprográficos para que pueda intervenir eficazmente como agente autorizado en la recaudación del canon por préstamo de libros en bibliotecas, actividad que se encuentra reconocida y amparada por la ley pero en la práctica apenas se aplica por a negativa de las bibliotecas a abonar dicho canon, invocando el supuesto superior principio de “divulgar y popularizar la cultura”.

Para la consecución de estos Objetivos y concreción de estas propuestas, la Asociación de Escritores EL QUE NO LLORA… se compromete a poner en marcha cuantas iniciativas estén al alcance de sus posibilidades, es decir: ninguna. Pero queda constancia de nuestra queja. Con lo cual ya hemos cumplido con la primera parte de nuestra razón de ser como Asociación: llorar. A ver cuándo toca la segunda, que va siendo hora.